La alcaldesa Christi Fraga informó que el gobierno municipal de Doral carece de potestad legal para interferir o frenar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras las recientes acciones federales en la localidad.
La funcionaria explicó que las intervenciones corresponden exclusivamente al ámbito federal y que la alcaldía no recibe notificaciones previas sobre las redadas, subrayando que las autoridades locales deben acatar el derecho federal independientemente de su postura sobre el tema.
A la par del pronunciamiento oficial, pequeños empresarios y comerciantes de Doral denuncian una severa crisis económica, con un desplome del 70 % en las ventas, impulsada por el ausentismo y el temor de la comunidad a encontrarse con agentes migratorios.
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