El Parlamento aprobó por unanimidad este martes, en primera discusión, el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas. Esta iniciativa legal tiene como objetivo ampliar las alternativas de alojamiento, impulsando tanto el sector de alquileres como el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.
La presentación del proyecto estuvo a cargo del diputado Pedro Infante, quien señaló que la propuesta busca resguardar a la ciudadanía a través del establecimiento de un mercado formal que fomente la inversión. Para alcanzar este propósito, el planteamiento legal contempla la aplicación de incentivos económicos indexados, respaldos financieros o de seguros, y mecanismos para la resolución ágil de conflictos.
El parlamentario precisó que la propuesta consta de 27 artículos y cuatro capítulos, diseñados para dinamizar el mercado inmobiliario bajo un marco de equilibrio jurídico. Entre las medidas contempladas, se autoriza el uso de depósitos en garantía o pólizas de seguro equivalentes a un máximo de tres meses, con la obligación de reintegrar dichos recursos en un plazo de 15 días continuos tras la culminación del contrato y la respectiva inspección del inmueble.
En lo referente al mantenimiento de las propiedades, el diputado indicó que la normativa propone distribuir los costos de manera equitativa:
«De esta manera, las reparaciones mayores y menores se regirán bajo el umbral técnico del 30 % del canon de arrendamiento», precisó.
Asimismo, la reforma plantea sustituir la vía judicial por mecanismos más rápidos como la mediación y el arbitraje, con el fin de resolver discrepancias de forma expedita, reducir los tiempos de espera y disminuir la carga operativa de los tribunales ordinarios.
En el aspecto operativo y económico, el proyecto prohíbe expresamente el arrendamiento de viviendas ubicadas en áreas de alto riesgo o en condiciones de precariedad. Bajo este esquema, el Estado actuará como facilitador para garantizar el acceso a la vivienda mediante normativas claras y simplificadas para la ciudadanía.
Finalmente, se aclaró que las nuevas disposiciones regularán únicamente las relaciones contractuales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, los contratos previos continuarán rigiéndose por la legislación anterior.
«El proyecto avanzará ahora a su segunda discusión para el debate artículo por artículo», culminó.
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