Un grupo de profesionales del derecho se concentró frente a la sede del Circuito Judicial Penal de Cabimas, ubicada en la carretera H, para denunciar una serie de irregularidades que se estarían presentando en el marco del Plan de Abordaje Judicial ejecutado por el Poder Judicial en todo el país.
El abogado penalista Miguel Ibarra manifestó que, a su juicio, la implementación de este plan no está respetando las garantías fundamentales.
Aseguró que el gremio no se opone a la ejecución de las evaluaciones, sino a las formas en que se llevan a cabo.
«No nos oponemos a que se haga, sino a que se respete, primero, el derecho de los detenidos y, segundo, el derecho de los abogados defensores al libre ejercicio de nuestro trabajo».
Ibarra enfatizó que continuarán exigiendo acciones dentro del marco constitucional para frenar la violación de derechos tanto de los privados de libertad como de los litigantes.
Asimismo, señaló que el problema de fondo es mucho más profundo: «El retardo procesal va más allá de un acto mero político […] la situación del país es grave en cuanto a derechos fundamentales, sobre todo para los que están privados de libertad». Acotó Ibarra.
Por su parte, la abogada Lila Verde, jueza jubilada del Circuito Judicial Penal de Cabimas, aclaró que la intención del grupo de profesionales no es desacreditar a las autoridades actuales, sino actuar como un factor de apoyo para corregir las fallas del sistema antes de que sea tarde».
«No venimos acá a descalificar a quienes ejercen sus funciones, más bien nuestra tarea es de coadyuvar en que se solventen y se solucionen pequeños problemas que a veces se hacen muy grandes y se redimensionan porque no se atacan a tiempo».
Verde hizo un llamado urgente para que este reclamo trascienda las fronteras gremiales y locales, instando a que sea escuchado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por su parte, el abogado penalista Henry Moreno afirmó, se está volviendo recurrente en el sistema judicial: la revocación forzosa de defensores privados para imponer defensores públicos a los privados de libertad, bajo el argumento de otorgar presuntos «beneficios procesales» a los detenidos.
Sin embargo, señala que el trasfondo de esta acción vulnera garantías constitucionales fundamentales tanto para los procesados como para los profesionales del derecho.
XQESNOTICIA
